«Dos judíos, tres opiniones». El fino humor judío, y su capacidad de autocrítica, define a la perfección, en solo cuatro palabras, la complejidad de un credo, sus creyentes -o no, porque es una religión que ‘admite’ a los ateos- y sus disquisiciones. Como las que este verano están viviendo los judíos españoles, en especial los radicados en Madrid, sobre quién debe representarles de cara a la Administración pública. Y todo ello, en torno a un proyecto que la Comunidad Judía de Madrid (CJM) tiene con el ayuntamiento, para la cesión de un parcela en el barrio de Sanchinarro, que albergará el Centro Integral para la Comunidad Judía de Madrid.
La entidad, que es la asociación hebraica en activo más antigua en España -se fundó en 1917-, pretende reunir en un mismo espacio una sinagoga, un centro integral para la comunidad y un nuevo colegio al que trasladar el que actualmente tiene en Alcobendas, unas reducidas instalaciones que no soportan la alta demanda. En efecto, la emigración judía a Madrid en los últimos años, sobre todo de Iberoamérica e Israel, ha saturado el centro concertado Ibn Gabirol-Colegio Estrella Toledano.
Y es precisamente ese aumento de la emigración en los últimos 25 años el que ha generado una nueva realidad sociológica que se encuentra en la base del problema que enfrenta a las diferentes comunidades judías en España. No sólo ha aumentado el número y la demanda de servicios (además del colegio, también aumentan los comercios que ofrecen alimentos kosher), sino que ha cambiado la configuración de la religión en
Tradicionalmente, los judíos españoles provenían del Magreb, descendientes de los sefardíes expulsados en 1492. Las plazas de Ceuta y Melilla siempre mantuvieron una significativa presencia de judíos, junto con algunas ciudades del protectorado español en Marruecos como Tetuán y Tánger, o del francés, como Casablanca. A lo largo del siglo XX se instalaron en España.
De ahí surgió la Comunidad Judía de Madrid, que agrupa a unas trescientas familias. Su objetivo, de acuerdo a los estatutos, es «asegurar, proteger, promover y sostener la práctica de la religión e identidad judía» a la par que «patrocinar, financiar, apoyar y desarrollar la educación religiosa y cultural judía de niños y adultos y sosteniendo centros docentes». Además, también se encarga de «organizar la beneficencia-Ezra» con especial atención a la tercera edad, discapacitados, enfermos, reclusos e indigentes, así como de «proveer y gestionar los servicios funerarios» para los creyentes.
Ortodoxos
Todo ello desde una perspectiva ortodoxa y tradicionalista, que comparten las familias que la integran, pero con la que chocan los judíos que en las últimas décadas están llegando a España desde varios países iberoamericanos, en especial Argentina, México y Venezuela, e incluso del propio Israel. Y no es cuestión sólo de liturgia -los que tradicionalmente han vivido en España siguen el rito sefardí, mientras que la mayoría que ahora llega son askenazís- sino de la rama del judaísmo a la que se adscriben. Los tradicionales españoles, como la CJM, son ortodoxos (no confundir con los ultraortodoxos o jaredíes que suelen vivir apartados del mundo laico), mientras que los que provienen de Argentina son, en su mayoría conservadores masortís, con una doctrina más abierta que permite, por ejemplo, las celebraciones mixtas, la presencia de rabinas o las uniones homosexuales.
Otra de las diferencias, y clave en este problema, es quien puede ser considerado judío. Los ortodoxos siguen el concepto tradicional: hijo de mujer judía, que cumple todos los preceptos. Sólo aceptan conversiones si están certificadas por una entidad ortodoxa. Mientras para los conservadores, al igual que los reformistas -minoritarios en España-, es suficiente con demostrar una ascendencia hebrea en uno de los abuelos. Además son más permisivos con las conversiones y en cuestiones doctrinales.
Una realidad que impide, a una parte de los no ortodoxos, pertenecer a la Comunidad Judía de Madrid, aunque lo soliciten. Y más difícil es, todavía, para los judíos seculares o laicos, que no son practicantes y algunos, ni tan siquiera creyentes, pero se sienten culturalmente vinculados al judaísmo y celebran sus fiestas. Son más de un cuarenta por ciento en el estado de Israel.
El problema que ahora se plantea es de representación. Tradicionalmente, ha sido la CJM quien ha mantenido el contacto con las administraciones. También era lógico, durante años fue la única entidad judía madrileña existente. Sin embargo, al conocerse la intención de la CJM de obtener del Ayuntamiento de Madrid un solar en cesión para construir un nuevo colegio, el empresario hispanoargentino Martín Varsasvky abría un debate en Twitter: «La idea de hacer un nuevo centro judío en Sanchinarro que sea grande e inclusivo es muy buena. La idea que la dirijan los ortodoxos y que sean ellos los que reciban la donación de la ciudad de Madrid es injusta y no representativa de la vida judía en Madrid».
Varsasvky, fundador de Jazztel entre otras empresas, es judío secular y ha sido un importante donante del actual colegio. En Twitter, abrió una encuesta para preguntar a los judíos que viven en España cual era su adscripción. «Pregunto esto porque la Comunidad Judía de Madrid, que es ortodoxa, está por recibir un terreno de 17 millones de euros del Ayuntamiento de Madrid para construir y controlar un centro judío ortodoxo, cuando es muy probable que son minoría entre los judíos actuales de Madrid», explicaba.
La propuesta suscitó una cadena de reacciones en la comunidad judía española porque afloraba un viejo debate, hasta ahora soterrado: quién podría arrogarse la representatividad de los judíos en la negociación con la Administración. Una de las primeras en reaccionar fue la CJM con un comunicado interno en el que reconocía haber retomado las negociaciones con el ayuntamiento sobre la cesión de la parcela y destacaba que en el convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid «se reconoce a la CJM como representante del judaísmo en la Comunidad».
Una afirmación que provocó la inmediata reacción de otro grupo, la Comunidad Masortí Bet-El, de la rama conservadora, quienes hicieron público un comunicado en el que afirmaban que «es de extrema gravedad que una institución se atribuya a sí misma, sin ningún tipo de potestad para hacerlo, cualquier tipo de representación en nombre de otra entidades sociales, religiosas, educativas o deportivas cuya definición esté ligada al judaísmo o a quienes pertenezcan al pueblo judío y que no estén asociadas a ella».
Los conservadores de Bet-El, en su mayoría de origen argentino, sostienen que «carece de veracidad» la supuesta apertura de la CJM «a judíos de todo el mundo independientemente de su origen, práctica religiosa o corriente del judaísmo». En declaraciones a ABC, su presidente Gastón Roifé, también considera ofensivo que la CJM sostenga «que colabora con muchas entidades, incluso con diferentes instituciones judías». «Esto, además de ponernos en la misma línea que a las entidades civiles, dista mucho de la realidad», señala Roifé.
En su comunicado, Bet-El apuntaba más arriba y acusaba de una política similar a la de la CJM a la Federación de Comunidades Judías de España, «cuando impide que otras instituciones no ortodoxas formen parte como miembros». Bet-El es acogida sólo como observadora, lo que «implica que no somos miembros de pleno derecho, con lo que nos está vedado a acceder a los fondos públicos que el Estado español brinda a las confesiones religiosas».
La encuesta de Twitter, aunque el propio Varsavsky reconocía que había que buscar métodos más fiables para conocer la realidad judía sí que arrojaba una importante división: 38% de ortodoxos, 31,1% de seculares, 16,5% de conservadores y 14,6% para los reformistas. Una realidad que Varsavsky reconocía en una entrevista con el blog ‘Enfoque Judío’ que podía servir «para alertar al ayuntamiento que la Comunidad Judía de Madrid» sólo representa a un «minoría».
El empresario ha seguido adelante con su iniciativa y ha llamado a la creación de Madrid Judía, una plataforma «no sólo para los judíos ortodoxos y no gestionado por los judíos ortodoxos de la Comunidad Judía de Madrid. Un centro para judíos laicos, seculares, reformistas, conservadores y ortodoxos». Además, ha convocado, para septiembre, a todas las asociaciones judías, para debatir sobre la creación de una nueva federación en la que todas las posibilidades se sientan representadas.
El ayuntamiento no cede la parcela
Así las cosas, mientras las relaciones entre las entidades judías se encuentran en plena efervescencia -aunque «tratando de calmar los ánimos por todas partes», según afirma una fuente conocedora de la situación- la negociación con el ayuntamiento parece haber encontrado un punto muerto. Preguntado por este diario, el Área de Desarrollo Urbano del consistorio madrileño reconoce que «la comunidad judía se ha interesado por varias parcelas municipales dotacionales para construir un colegio y un centro cultural, pero el ayuntamiento les ha trasladado que no era posible». Añaden que «se les ofreció la adquisición de parcelas lucrativas y declinaron esta opción. El ayuntamiento no cede parcelas para ejecutar colegios privados», explican.
Un extremo, en parte confirmado por Estrella Bengio, presidenta de la Comunidad Judía de Madrid que en declaraciones a ABC afirma que «en estos momentos está pendiente determinar el proceso para la asignación de la parcela de Sanchinarro para el Centro Integral para la Comunidad de Madrid». Una circunstancia que no va impedir su empeño en conseguir el espacio ante «el extraordinario crecimiento que ha experimentado nuestro Colegio». Bengio destaca que el colegio «es un ejemplo de pluralidad, diversidad e
Una idea en la que coinciden las otras partes. Los masortíes destacan que «el espacio de convivencia» entre todas las comunidades judías que representa el colegio puede ser modelo de la relación entre las entidades. Está por ver, si finalmente será posible. Con todas las negociaciones abiertas y habiendo un colegio de por medio, no queda más remedio que esperar a septiembre para conocer el próximo capitulo.
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Fuente: ABC del 29/7/2023
